El Frente Amplio aprobó en día de ayer en la Cámara de Diputados, la derogación del ICIR y la ley que lo sustituye. Este impuesto tuvo poca vida, como consecuencia de haber sido declarado inconstitucional por la SCJ. Previo a este hecho, la SCJ soportó todo tipo de agravios y amenazas por parte de los que la llevaron adelante, el gobierno y sus legisladores.
Sabiendo que era inconstitucional y en conocimiento de lo expresado por los catedráticos que estuvieron presentes en las comisiones de diputados y senadores exponiendo sobre su inconstitucionalidad, igual se siguió adelante, cometiendo actos que no son propios de nuestro país y que atentan contra el sistema democrático.
En definitiva, se votó una nueva carga tributaria sobre el sector productivo que penará injustamente a un sector ya castigado.
Este acto deja de lado la promesa del FA, base de la reforma tributaria del año 2007, en la cual el vice-presidente Astori (en aquel momento Ministro de Economía) decía que el que tiene más pague más y justamente en parte de sus argumentos hacía ver que este tipo de impuesto son los que quedan por el camino, porque el mundo los está dejando atrás.
Sin embargo, en Uruguay se vuelve a aplicar esta medida pero no se los castiga a todos. Por ejemplo, el mayor tenedor de tierras en nuestro país es Montes del Plata; va a quedar afuera de este nuevo impuesto y eso nos parece muy injusto, contradice aquello del que más tiene más paga, parecería que aquellos que hicieron este impuesto, nunca cruzaron el Santa Lucía dado que el gran ausente en la elaboración de este impuesto a sido el MGAP, precisamente es quien debe ser el principal actor cuando se vota este tipo de tributo, que grava sobre el valor real y no sobre la productividad y determinará que muchos campos que no son productivos, terminen pagando mucho más porque están ubicados en un lugar que tienen otro tipo de valores.
Se dijo que lo recaudado (+- 60 millones de dólares) se destinarían a las Intendencias, para que los Intendentes realizaran obras de caminería. Esta idea ya ha quedado de lado, porque en definitiva se se les va a transferir parte de esos recursos por los 2 primeros años, ni siquiera todo el impuesto, solamente el 45%. El otro 45% lo va a administrar el MTOP. Se incorporó la UTEC con un 10%, lo cual nos parece bien pero este no era el fin del tributo y por otra parte, si lo que se busca es recaudar 60 millones de dólares (creo que algún Legislador nuestro lo expresó en el Senado) con solamente no hacer el Antel Arena tenemos entre 50 y 60 millones de dólares; dicen que va a costar 40 pero todos sabemos que en el cálculo de una obra de esa magnitud, siempre hay imprevistos que hacen que cueste mucho más. Por lo tanto, en un año ya tendríamos los 60 millones de dólares que necesitamos y sin cargar con otro tributo más a la gente.
Por suerte se ha dejado atrás la idea de hacer una nueva sede para el Banco República; ahí nomás se gastarían 50 millones de dólares, creo que es cuestión de ser austeros, de no cometer excesos en los gastos y mucho menos en este momento de la economía.
Nuestro partido no acompaño la votación del impuesto, tiene vicios de inconstitucionalidad y esperamos que esos vicios en algunos de sus artículos conlleven a que se ejecuten impugnaciones sobre el mismo.
Aspiramos que si la SCJ determina que es inconstitucional, no ocurra lo que ocurrió con el ICIR y haya asonadas y presiones, para evitar que la SCJ dicte sentencia a las leyes que el gobierno pretende llevar adelante.
Por cierto, está demás aclararlo, los votos del Partido Colorado y de Vamos Uruguay en particular, no acompañaron la votación de esta nueva carga tributaria.
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