Lo que hay es una grave acción del gobierno que quiere
llevar adelante una ley, aún a sabiendas de que la empresa designada no ha
cumplido con los trámites medioambientales, ni siquiera estamos hablando de que
tengan aprobado los trámites medioambientales y tampoco tomado recaudo de las
observaciones que se le hicieron.
Se va a incumplir una
ley que los mismos representantes del F.A. en el parlamento aprobaron con sus
votos hace dos meses atrás, violando flagrantemente el artículo 25 de la ley
que establece que el contrato debe contener las claúsulas que el gobierno
entienda necesario incluir, pertinentes a los estudios medioambientales.
Estamos hablando de violaciones a la ley de minería, atrás
de todo hay una connotación económica, sin duda.
Es firmar el contrato teniendo el aval del gobierno, como
sucedió con Pluna, ir a la captación de inversores, pues es muy diferente tener
esa garantía gubernamental que ir diciendo que hay hierro en Uruguay solamente.
Ni hablemos de que entre los resultados del Instituto
privado y la Dinama haya contradicciones, cuando ya hay un contrato firmado y
se pretenda decirles que no se hará nada por los informes desfavorables, cuando
el contrato se encuentra firmado. No es claro, transparente ni lógico.
Va a tener consecuencias en el país a corto y mediano plazo,
cuando la Dinama empiece a pedir cosas y estamos al final de un período de
gobierno, por lo que considero que tampoco es adecuado hacerlo ahora.
Walter Verri
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